Las denuncias sobre la precarización de la tasación hipotecaria tienen nombres y apellidos. Uno de los casos más señalados por los profesionales es el de Tinsa, una de las principales sociedades de tasación del país, donde —según relatan tasadores autónomos— se estarían abonando entre 45 y 60 euros por trabajos de tasación completos, incluso en el marco de acuerdos estables con entidades financieras de primer nivel como Caixabank.
Estas cantidades se pagan por encargos que implican contactar con el cliente, desplazarse decenas de kilómetros asumiendo el coste del vehículo y la gasolina, inspeccionar viviendas que en muchos casos son chalets, realizar mediciones, tomar fotografías, levantar planos en AutoCAD, efectuar estudios de mercado, comprobar documentación urbanística y registral, redactar informes técnicos que requieren varias horas de trabajo efectivo, responder correcciones, atender posibles reclamaciones y asumir toda la gestión administrativa y fiscal del encargo.
Todo ello recae sobre profesionales autónomos que pagan su cotización, impuestos, colegiación, seguro de responsabilidad civil y herramientas técnicas, sin vacaciones, sin bajas y con una responsabilidad legal directa sobre el informe firmado. Se trata, además, de arquitectos y arquitectos técnicos con cuatro a seis años de formación universitaria, habilitados para intervenir en el sistema hipotecario regulado. El resultado es una retribución por hora claramente inferior al Salario Mínimo Interprofesional, incluso antes de descontar gastos, pese al nivel de cualificación y responsabilidad exigido.
Desde el colectivo se subraya que no se trata de un caso aislado. Las sociedades de tasación controladas por fondos de inversión, como Tinsa o Global, son señaladas de forma recurrente como las que peores condiciones económicas imponen a los tasadores, priorizando márgenes y volumen frente a la sostenibilidad profesional y la calidad técnica del servicio. A este modelo se suman otras sociedades como Valmesa, Euroval o Valum, que recurren a campañas comerciales agresivas —incluidas promociones tipo Black Friday— cuyos descuentos no los asumen ni las entidades financieras ni las sociedades, sino que repercuten directamente en el honorario del tasador.
Este contexto explica la creciente indignación del colectivo y la convocatoria del paro impulsado por AETH. Los profesionales advierten de que estas prácticas no solo precarizan su trabajo, sino que degradan el sistema de tasación hipotecaria, reducen el tiempo disponible por informe y aumentan el riesgo de errores en un ámbito clave para el acceso al crédito y la seguridad del ahorro.
La crítica es clara: mientras los bancos cierran acuerdos con grandes sociedades y los fondos maximizan beneficios, el trabajo técnico que sostiene todo el sistema se paga a precios de saldo. Y cuando una tasación se remunera como un trámite sin valor, lo que se pone en riesgo no es solo la dignidad del profesional, sino la fiabilidad del propio sistema hipotecario.

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